EN tiempos de grave crisis, insulta el sentido común que haya infraestructuras, algunas de ellas muy recientes, que no sólo son deficitarias, sino que no cumplen los mínimos requisitos de servicio social ni difícilmente los van a cubrir algún día. Saber que más de la mitad de los aeropuertos de la red pública Aena están en situación deficitaria, que no atienden una demanda suficiente y que se encuentran a menos de 130 kilómetros de otro aeropuerto clama al cielo.
Cierto es que por el hecho de ser deficitario un aeropuerto no tiene por qué no tener rentabilidad. Barajas y El Prat tienen números rojos porque tienen que hacer frente a las amortizaciones de las grandes inversiones que se han hecho recientemente. Hay otros aeropuertos, como algunas de las islas, que siendo deficitarios cumplen una función social de primer orden y por lo tanto su rentabilidad debe medirse desde este objetivo. Los hay también que cumplen una función económica fundamental, como es el del transporte de mercancías (Reus, Zaragoza y Vitoria) que justifican su continuidad desde todos los puntos de vista. Mientras los responsables del ministerio de Fomento sostienen que la mayoría de aeropuertos que hay en España tienen un largo recorrido, hay expertos que afirman que la configuración de la actual red no tiene ningún sentido, porque hay aeropuertos que ni tienen volumen de tránsito ni cumplen ninguna función social.
Un reciente trabajo del Observatorio del Transporte Aéreo, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y del que nos hacíamos eco en nuestra edición de ayer, analiza la realidad aeroportuaria española, que divide en tres grandes sectores las instalaciones gestionadas por Aena: los ocho aeropuertos rentables, los trece necesarios aunque tengan pérdidas y el resto, 26, en situación límite. El estudio concluye que el modelo de que cada ciudad debe disponer de su propio aeropuerto ha fracasado, y ahora se ha convertido en una sangría de dinero público.
Los autores del citado estudio, que básicamente coinciden con los trabajos de expertos como los economistas de la UB Germà Bel y Xavier Fageda, recomiendan estudiar los casos uno por uno para analizar las posibilidades de la infraestructura y determinar si debe potenciarse, ser privatizada o ser clausurada teniendo en cuenta parámetros como la cifra de pasajeros y de vuelos, mercancías transportadas desde cada terminal, rutas que gestionan y distancia a que se encuentran de otro aeropuerto o de un puerto y/o de una estación del AVE. Y, finalmente, analizar la gestión económica para saber si es realmente mejorable.
Sabido es que el Gobierno ha iniciado los trámites para la privatización del 49% de la gestión de los aeropuertos. Aunque de momento el proyecto sólo está previsto para Barajas y El Prat, de hecho se ha declarado abierto al resto de la red de Aena. Algunas grandes empresas ya han expresado su voluntad de entrar en la gestión de aeropuertos, lo que indica el interés objetivo que existe por este mercado. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno debe analizar a fondo la red actual, no sólo para eliminar aquellas infraestructuras aeroportuarias que no tienen posibilidades de tener rentabilidad en el medio y largo plazo, sino para mejorar la de los aeropuertos vecinos y hacerlos más atractivos a la privatización. En todo caso, revisar la red aeroportuaria de Aena es un objetivo de primer orden.
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