Yakari escribió:¿Quién lo dice?
Un grupo nacionalista que hace lo que he dicho arriba que era absurdo hacer para calcular todo esto.
Lo de Libertad Digital es un pdf de Convivencia Cívica Catalana y no un artículo del medio en sí, pero igualmente me importa bastante poco el medio que lo publique si lo que dice es real.
La polémica vuelve a estar sobre la mesa. Sobre todo, después de que la semana pasada el conseller de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, anunciara que los últimos cálculos sitúan el saldo fiscal negativo de Cataluña con el resto de España en 16.453 millones. O lo que es lo mismo, esa es la diferencia entre lo que recauda el Estado en esa comunidad autónoma y lo que invierte.
¿Verdad o mentira? Ya hay una primera respuesta por parte de los profesores Uriel y Barberán, dos de los mayores expertos del país en financiación autonómica: los datos están sesgados y no reflejan en absoluto la realidad. Hasta el punto de que, según las cifras que escondió Mas-Colell en la presentación (no las entregó a la prensa), Cataluña no sólo no tiene saldo negativo, sino que es positivo. En los dos últimos años, de hecho, el ‘superávit’ catalán con el resto del Estado habría ascendido a 3.241 millones de euros.
En concreto, el exceso de financiación habría alcanzado los 4.015 millones de euros en 2009, mientras que en 2010 el territorio habría tenido un déficit de recursos monetarios equivalente a 774 millones de euros sin tener en cuenta el efecto económico derivado de la crisis.
¿Por qué se produce tamaña diferencia? Los profesores Uriel y Barberán -de la Universidad de Valencia- lo achacan a la metodología utilizada por Mas-Colell durante la presentación, que no reflejaría, en absoluto, la verdadera realidad de las envolventes financieras entre Cataluña y el resto del Estado.
O dicho en otros términos, su metodología sólo recoge los flujos que llegan o salen de Cataluña, pero no a quién benefician las inversiones del Estado. Y según la metodología carga-beneficio, que es la más utilizada por los especialistas ya que refleja mejor la naturaleza de la inversión, el resultado es muy distinto. Frente a un déficit equivalente al 8,5% del PIB de Cataluña en 2010, Uriel y Barberán hablan -utilizando los propios datos de la Generalitat- de apenas un 0,4% durante ese ejercicio, el último del que se tienen datos cerrados.
En el enfoque de flujo monetario (una de los dos procedimientos que se utilizan para conocer las balanzas fiscales) no se incluye la parte alícuota de los gastos generales de la Administración Pública central que corresponden a Cataluña (por ejemplo en política exterior), ya que sólo se computan los gastos generales que se efectúan en esta comunidad. Por el contrario, el saldo del enfoque carga-beneficio (el otro procedimiento) sí refleja la aportación a los gastos generales del Estado.
¿Quién se beneficia del AVE?
Otro ejemplo refleja las diferentes metodologías. En el enfoque flujo monetario (el utilizado por la Generalitat), la mayor parte del coste de la inversión estatal en el AVE Madrid-Barcelona se asignaría a Aragón, toda vez que ese territorio es el que más kilómetros consume de vía férrea y de redes eléctricas. Sin embargo, el AVE nació, fundamentalmente, para unir las dos capitales más grandes del país, por lo que en realidad quienes se benefician en mayor medida de la inversión son madrileños y catalanes (por el mayor potencial económico de sus territorios). Y este aspecto no se recoge en las balanzas fiscales que año tras año publica la Generalitat de Cataluña con fines propagandísticos, como aseguran Uriel y Barberán.
Su trabajo forma parte de un libro editado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la financiación autonómica, en el que se recuerda que “al contrario de la interpretación más difundida”, Cataluña habría tenido un déficit adicional de 3.241 millones de euros en 2009 y 2010 en caso de que se hubiera puesto en marcha un modelo de concierto como el vasco o el navarro, reclamado hasta hace bien poco por el Gobierno de Artur Mas. Como la Administración central no tiene recursos suficientes para atender ese exceso de financiación, lo que ha tenido que hacer es endeudarse.
Cataluña defiende, por el contrario, que la mejor metodología es la de flujo monetario, ya que capta el impacto de estímulo del gasto de la Administración central sobre las economías receptoras y se convierte en el más relevante en épocas de crisis económica y tasas de paro elevadas.
Sus cálculos, en todo caso, son muy diferentes ya que, según el método del flujo del beneficio, el déficit fiscal catalán el año 2010 fue de 11.258 millones de euros, que representan un 5,8% del PIB de Cataluña, si bien, en este caso, sin tener en cuenta el efecto de la crisis. Según sus estimaciones, Cataluña contribuye con una proporción superior a su peso en el PIB estatal (18,6% el año 2010) y, en cambio, recibe una fracción de gasto que no llega al peso de su población sobre el conjunto del Estado (16%).
Vamos, que si se utilizan ciertas cuentas sí que te sale un déficit fiscal, pero es que ese método que utilizan los nacionalistas no se ajusta a la realidad ya que no tiene en cuenta un huevo de factores de gran importancia en la financiación de un estado.
Me mantengo en todo lo que he dicho arriba, lo que me pones no aporta nada nuevo al debate, sólo la posición nacionalista de sobras conocida y que se basa en cálculos inflados e incorrectos que ignoran la realidad de cómo funciona la financiación de este país.
Un ejemplo muy claro es el del AVE, que según las cuentas nacionalistas sería una inversión realizada mayormente en Aragón porque es por donde pasa la mayor parte del trayecto y por lo tanto donde se han tenido que poner las infraestructuras necesarias, se ha gastado más pasta en el trayecto por tierras aragonesas que por tierras catalanas, pero eso no equivale a que Aragón se beneficie más del AVE Madrid-Barcelona que Cataluña.
Luego ponte a contar todos los gastos del estado que no se realizan directamente en territorio catalán pero que benefician a los catalanes como a todos los españoles, que te puedes tirar todo el día contando, por lo que la forma con la que los nacionalistas tratan de calcular una supuesta falta de inversión en Cataluña es absurda.
Evidentemente, de ser un estado independiente, Cataluña se podría quedar con todo el pastel sin tener que repartir nada, pero a su vez los gastos como estado independiente subirían cosa mala, y aparte en estas mismas últimas páginas he desglosado en algún mensaje lo que supondría a nivel económico la independencia, que sería un desastre.
Pero lo que sí que no puede ser es tener todas las ventajas de pertenecer a España y ninguna de las desventajas. Mientras estéis en España no se os puede conceder una agencia tributaria propia porque sería injusto para el resto, como ya es injusto lo que tienen los vascos y los navarros.
Y lo que los nacionalistas nunca tienen en cuenta son los beneficios de haber sido parte de España durante todos estos siglos, que de haber sido un estado independiente todo este tiempo Cataluña sería muy diferente hoy en día, y no necesariamente para mejor.
Pero vamos, que al final de todo esto se saca la conclusión de siempre, que lo que interesa es la pela y todo lo demás es humo. No me voy a pasar el día discutiendo sobre economía, porque está claro que diga lo que diga vas a buscar otra cosa con la que seguir defendiendo la idea de que hay que independizarse porque España no cede a todas las demandas catalanas por muy ridículas que éstas sean, "asinque" simplemente cortopego un par de cosas y el que quiera que se las lea:
Ya sabemos que a los nacionalistas catalanes les encanta quejarse. Hace unos días, en el Parlamento autonómico, tuvimos un nuevo capítulo de su cansino lloriqueo a cuenta otra vez del expolio fiscal. Posiblemente usted ha escuchado en múltiples ocasiones hablar de balanzas fiscales, saldos fiscales, expolios y robos en boca de nuestros sutiles y finos políticos nacionalistas. Pero, ¿cómo calculan esos pobres políticos expoliados la balanza fiscal de Cataluña? Le propongo adentrarse por un momento en un viaje hacia las tripas del cálculo de la balanza fiscal de Cataluña por parte de los nacionalistas catalanes.
La balanza fiscal es la diferencia entre lo aportado y lo recibido. Y en todo este cálculo deben utilizarse una serie de hipótesis de imputación de ingresos y de gastos que en el caso del Gobierno autonómico adolecen, como veremos, de una notable falta de objetividad. Comencemos por los impuestos. Uno pensaría que dentro del pomposo título de ‘impuestos pagados por Cataluña’ se contabilizan los impuestos pagados por los ciudadanos catalanes. Esto es lo que dicta el sentido común, pero no.
Resulta que bajo este epígrafe en realidad el Gobierno autonómico suma a los impuestos pagados por ciudadanos catalanes impuestos pagados por ciudadanos del resto de España. Lo explican en el informe ‘Resultados de la balanza fiscal de Cataluña con el sector público central 2006-2009′ donde reconoce, por ejemplo, que ‘el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo a un comercio de Mataró se imputa a Cataluña’. Así de claro. Si un ciudadano del resto de España compra un producto a una empresa catalana el IVA lo ha pagado el ciudadano del resto de España de su bolsillo pero CiU lo contabiliza a los catalanes.
Con relación al IRPF, otro tanto. En el informe incluyen en la balanza fiscal de Cataluña el IRPF pagado por no catalanes si la renta o parte de ella se ha generado en Cataluña. Sólo en el año 2009 contabilizó 329 millones de euros como ‘impuestos pagados por Cataluña’, que en realidad era IRPF pagado por no residentes en Cataluña. Y de la misma manera el Gobierno autonómico imputa a Cataluña el Impuesto de Sociedades no según el consumo como se realiza en la mayoría de los estudios de balanzas fiscales, sino en función de un indicador denominado excedente bruto de explotación. ¿Por qué? Porque ese indicador es mayor en Cataluña que el de consumo y de esta manera incrementa la parte imputada a Cataluña del Impuesto de Sociedades total recaudado por el Estado.
La razón de tanta avaricia contabilizadora de impuestos pagados en Cataluña es evidente. Cuantos más millones se contabilizan como ‘impuestos pagados por Cataluña’, mayor sale la cifra de déficit fiscal de Cataluña, aunque sea en base a hipótesis discutibles y subjetivas cuando no directamente inverosímiles.
Pero no nos detengamos en los impuestos. Pasemos al otro lado de la balanza fiscal, al de los gastos, donde CiU hace justo lo contrario: disminuye hasta extremos irrisorios los gastos del Estado contabilizados en Cataluña. La razón es también clara: cuanto menos gastos del Estado se contabilicen en Cataluña, más elevado sale el déficit fiscal. Por ejemplo, en el año 2009, el Gobierno gastó 864 millones de euros en política exterior (cuerpo diplomático, embajadas, etc). ¿Qué parte de esos millones sería imputable a los catalanes? Dado que la política exterior en hacienda pública se considera un bien público indivisible lo razonable sería la distribución de esa cantidad entre todos los españoles por igual. Es decir, dado que en Cataluña viven el 16% de los españoles, se debería atribuir a Cataluña un 16% de esos 864 millones, aproximadamente: 138 millones.
Sin embargo, la Generalidad atribuye a Cataluña únicamente… ¡un millón de euros!, un 0,1% del total, con el argumento de que ‘no hay ninguna delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Cataluña’. Es un argumento grotesco. Es obvio que las embajadas de España por el mundo pueden ser utilizadas por todos los españoles por igual, ya sean catalanes, gallegos, madrileños o asturianos. Pero según el Gobierno autonómico no benefician en casi nada a los catalanes y prácticamente sólo se imputan al resto de españoles.
En los gastos de Defensa ocurre algo similar. Al igual que en la política exterior, lo razonable sería dividir este gasto entre todos los españoles en partes iguales, pero CiU imputa a los catalanes una parte sustancialmente inferior (sólo un 4% frente al 16% razonable). Es curioso ver cómo le atribuyen a la Comunidad de Madrid casi todo el gasto en Defensa de forma muy poco lógica, de tal manera que todo el coste, por ejemplo, en material o equipos, ya sea incluso en fragatas o portaaviones se atribuye a la Comunidad de Madrid, en vez de repartirlo entre todos los españoles como sería lo lógico. Quizá habría que preguntar a Artur Mas, presidente de la Generalidad, si considera que los portaaviones navegan por el río Manzanares y no por el Mar Mediterráneo.
Y estas imputaciones de gasto del Estado en Cataluña tan irrisorias cuando no ridículas se realizan en todas las partidas. La idea es siempre la misma: minimizar los gastos del Gobierno en Cataluña. Y de la misma manera que en política exterior o defensa también en justicia, servicios sociales, gestión de la administración, pago de la deuda u en organismos públicos. El objetivo es claro: se trata de incrementar los ingresos aportados por Cataluña y disminuir los gastos del Estado recibidos en Cataluña de la mano de hipótesis poco objetivas. De esta forma se ensancha la brecha entre ingresos y gastos y, por tanto, el déficit fiscal.
Pero eso no es todo. Además, el Gobierno autonómico incluye el déficit fiscal con Europa en el del Estado, lo cual engorda artificialmente el déficit fiscal de Cataluña en 2.000 millones de euros anuales. Y es que la Unión Europea dispone de ciertos fondos (agrarios, estructurales, FEOGA, FEDER, etc) que reparte entre las regiones según sus criterios. La pregunta es obvia: ¿por qué el Gobierno autonómico tiene en cuenta estos flujos fiscales con Bruselas en los flujos fiscales con Madrid? Sencillamente porque el signo fiscal de estos fondos europeos es negativo para Cataluña al no recibir casi fondos europeos y así infla el déficit fiscal con el Estado.
Si usted ha leído hasta aquí se habrá dado cuenta ya de algunos artificios utilizados por CiU: contabiliza en la balanza fiscal de Cataluña impuestos pagados por ciudadanos que no son catalanes; considera que los gastos de embajadas no benefician a los catalanes; que los portaaviones navegan placidamente por el río Manzanares y además incluye el déficit fiscal con Europa en el del Estado. Pues bien, resulta que incluso con todos estos artificios contables el déficit fiscal de Cataluña en el ejercicio 2009 tan sólo llegó a 792 millones de euros, apenas 100 euros por catalán, como reconoce en la página 68 el propio informe de la Consejería de Economía y Conocimiento. A nadie le debería sorprender una cifra tan baja de déficit fiscal de Cataluña en 2009 porque la recaudación de impuestos del Estado en Cataluña se ha desplomado por la crisis y el Gobierno recaudó en Cataluña sólo 28.000 millones de euros, mientras en la Comunidad de Madrid recaudó, por ejemplo, más de 67.000 millones, bastante más del doble.
Evidentemente, la cifra de 792 millones de déficit fiscal no da para mucho lloriqueo victimista y el expolio a Cataluña tiene que ser como mínimo de decenas de miles de millones para conseguir una buena rentabilidad electoral como la que quiere CiU y crear una buena dosis de rencor y odio contra el resto de España. La cifra presentada urbi et orbi por Mas, Mas-Colell, Homs… de déficit fiscal de Cataluña para 2009 es de 16.409 millones de euros. Y usted se estará preguntando: ¿de dónde salen los 16.409 millones de euros cuando la cifra real (real entre muchas comillas porque incluye todas las trampas explicadas hasta ahora, claro) de déficit fiscal de Cataluña en 2009 fue de sólo 792 millones de euros? Muy sencillo: CiU aplica una nueva capa de maquillaje adicional a todos los maquillajes anteriores. Suma al valor real de la balanza fiscal de Cataluña una cantidad ficticia, es decir, no pagada en realidad por ningún ciudadano catalán por importe de 15.617 millones de euros. Insisto, una cantidad ficticia no pagada ni en un solo euro por ningún ciudadano catalán.
El argumento del Gobierno autonómico es que si el Estado tiene déficit, éste debe incluirse en el cálculo de la balanza fiscal de Cataluña, a pesar de que no ha sido pagado por ningún catalán. Y, de forma subjetiva, valora esa imputación a Cataluña del déficit a la que llama neutralización en 15.617 millones totalmente ficticios. Como es obvio, la mayoría de los expertos descalifican esta técnica porque suma a los flujos fiscales reales un flujo fiscal ficticio, subjetivo y no pagado por nadie. En definitiva, que de los 16.409 millones de supuesto expolio fiscal a Cataluña mencionados en el Parlamento autonómico, el 95%, 15.617 millones, son totalmente ficticios, producto de un simple pero enorme artificio contable.
Probablemente, usted, amable lector, estará pensando que la balanza fiscal de Cataluña así calculada es un Frankenstein estadístico, un compendio de artificios contables y que carece de ningún sentido económico. Tiene razón. Incluso puede llegar a pensar que no sirve para nada. Permítame ahí que discrepe. Por supuesto que sirve, y mucho. Es cierto que la balanza fiscal de Cataluña realizada por la Generalidad es un monstruo estadístico que esconde ficciones y trucos por doquier. Convivencia Cívica Catalana lo ha puesto de relieve con detalle en un estudio, titulado Las trampas de la balanza fiscal de Cataluña, que le recomiendo leer.
Pero no nos engañemos: el 99% de ciudadanos de Cataluña desconoce totalmente los entresijos de una balanza fiscal, los criterios tan ilógicos que utilizan los nacionalistas para su cálculo o las cantidades absolutamente ficticias que incorpora. Y apoyándose en esta ignorancia de los ciudadanos, la estrategia del expolio fiscal inventado basada totalmente en falsedades y con el apoyo de grandes medios de comunicación tiene éxito.
Y así es como funciona el nacionalismo catalán: todos los días se dedican a crear odio, rencor y enfrentamiento contra el resto de España. Y todo en base a engaños como los del 4% alemán, artimañas y artificios contables que hacen sonrojar a cualquiera que los conozca.
Y más:Cataluña recibe del sistema de financiación estatal el 60% de lo que recauda, frente al 17% que recibe Madrid por ejemplo, 4 veces más que esta, y Madrid sigue siendo la que más dinero aporta al conjunto del estado. De los 66.000 millones de euros que se recaudaron en Madrid en concepto de IRPF, IVA e Impuestos Especiales en el ejercicio 2011, la comunidad tan sólo percibió 11.474 millones mediante transferencias estatales, mientras que Cataluña recaudó 27.000 millones de euros y recibió casi 15.800, según datos oficiales de Hacienda.
Dicho de otro modo, en 2011 cada madrileño pagaba 384,62 euros para sufragar los servicios públicos en otras regiones, frente a los 168,48 euros que destinaban en Baleares, los 95,28 euros de los catalanes y los 48 céntimos de los cántabros. En términos de PIB, los madrileños transfieren el 1,32% de su PIB de ingresos al Fondo de Garantía, el doble de lo que destinan los baleáricos (0,7%) y casi cuatro veces más que los catalanes (0,36%).
Así, calculando el presupuesto con el que cada CCAA cuenta por habitante y el PIB per cápita de cada comunidad, nos encontramos con algunos resultados sorprendentes:
Cataluña es la cuarta región española que más presupuesto público gestiona y gasta por habitante. Tan solo la superan las dos comunidades que cuentan con el sistema de cupo (País Vasco y Navarra) y Extremadura. Madrid, que siendo la segunda región más rica (por detrás del País Vasco) es, sin embargo, la penúltima en cuanto a presupuesto por habitante.
Con respecto a la partidas en Educación y Sanidad, observamos que el gasto de Cataluña por habitante en estas se encuentra algo más baja de la mitad de la tabla, con un gasto anual en 2011 de 762 euros x hab. en educación y de 1.229 euros x hab. en sanidad.
Madrid es la comunidad con menor gasto educativo por habitante y una de las que menos gasta en Sanidad. Sin embargo, la calidad de los servicios sanitarios y educativos de Madrid es significativamente superior a la de muchas otras comunidades. El porcentaje que destina Madrid de su presupuesto a educación y sanidad es el 62% de todo su presupuesto, la tercera comunidad que más destina a estas partidas, mientras que el de Cataluña es de un 45% de su presupuesto total, la penúltima de las comunidades, solo por delante de Navarra, que cuenta con cupo y este la permite
reducir su proporción de presupuesto destinado a estas partidas manteniendo aún un buen servicio.
Por tanto, si Cataluña es la cuarta CCAA que más gasta por habitante, pero la penúltima de ellas en el porcentaje de su presupuesto que destina a las partidas de educación y sanidad, solo un 45%, la pregunta es: ¿en que se gasta su presupuesto la Generalitat?
Una partida de gasto importante para las comunidades es el de su funcionariado público (funcionarios, contratados laborales, altos cargos, ...), y habríamos de esperar que este fuese proporcional a su población. En base a esta hipótesis, encontramos que Cataluña es la segunda CCAA que mayor población soporta de España, con 7.570.908 habitantes, el 16,02% de toda la población española, justo detrás de Andalucía con 8.449.985 hab. y justo delante de Madrid con 6.498.560 hab.
Cataluña se encuentra en la mitad de la tabla con respecto al gasto en personal publico entre todas las CCAA, un gasto de 7.313 millones de euros anuales.
El gasto en personal público de Andalucía es significativamente mayor, el mayor entre todas las CCAA, 9.766 millones de euros anuales para una población que relativamente no es muy superior a la catalana, con un porcentaje del 17,88% del total española. Madrid gasta en esta partida 6.297 millones de euros anuales. Parece que el gasto autonómico en personal público parece estar proporcionado al peso demográfico de cada CCAA.
Existe otra partida en referencia al empleo gestionada íntegramente por las CCAA, que es la de fomento del empleo, es decir, las políticas activas para generar empleo.
Cataluña se encuentra algo más baja de la mitad de la tabla con respecto al presupuesto destinado en esta partida de fomento del empleo, destinando en 2011 105 euros por habitante, un total de 797 millones de euros anuales, soportando un 22% de paro. Murcia con un índice de paro del 26,2% destina 81 euros por habitante, al igual que Madrid con un paro del 18,9%, y Baleares destinando 83 euros por habitante con un 21,3% de paro, son las tres CCAA que menos presupuesto por habitante destinan en esta partida.
Con la excepción de País Vasco y Navarra, las cuatro comunidades que más gastan por habitante en fomentar el empleo son Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía, justo las cuatro comunidades que mayor porcentaje de paro tienen, por lo que no parece dichas políticas sean muy exitosas.
En todo caso, e independientemente del éxito de las políticas de fomento del empleo, el presupuesto autonómico de Cataluña no se va ni mucho menos en esta partida.
El nacionalismo catalán alardea de la apuesta de la Generalitat en I+D. ¿Quizás el presupuesto de la Generalitat se vaya en esta partida de gasto?
La realidad española es que “6 de cada 10 euros de los recursos que se destinan a la I+D se ejecutan en tan sólo 4 Comunidades Autónomas”, que son por este orden Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra.
En esas Comunidades residen el 37,5% de los españoles, en cambio se ejecutan casi el 61% de toda la I+D que se hace en el país. El peso de la inversión tanto pública como privada en I+D con respecto a la población de cada una de estas CCAA es de 14,16 para Madrid, 8,45 para País Vasco, 8,36 para Cataluña y 2,01 para Navarra. En el resto de CCAA es negativo, es decir, el peso de sus inversiones en I+D esta por debajo de su peso poblacional.
Esta concentración es aún mayor si te tiene en cuenta exclusivamente los datos de las empresas privadas, y el peso de la inversión de estas según su peso poblacional es del 12,67 para Madrid, del 6,14 para Cataluña, del 4,32 para País Vasco, y de 1,15 para Navarra.
La inversión pública en I+D en Cataluña que en 2010, según los informes de la Generalitat, fue de una cantidad cercana a los 1.400 millones de euros, es inferior al de ciudades como Madrid o País Vasco, cuya deuda publica es muy inferior que la catalana.
Por tanto, hasta donde ahora sabemos, la Generalitat no gasta su presupuesto en sanidad ni educación siendo la penúltima comunidad que menos gasta en estas partidas, tampoco en su personal público con un gasto proporcional a su población, ni tampoco en políticas de empleo cuyo gasto es relativamente bajo, y tampoco es la inversión en I+D lo que explica la superior deuda de Cataluña.
¿Dónde gasta entonces la Generalitat de Cataluña su presupuesto?
Pues bien, donde la Generalitat de Cataluña destaca de forma abismal con respecto al resto de CCAA es en la gestión de un complejo entramado de 459 entes. Solo el centenar de empresas públicas acumula una deuda de 6.184 millones de euros, la mitad del total autonómico (12.182 millones de euros) un total del 3,2% de su PIB.
Aunque la carrera ascendente del negocio de lo público ha sido generalizado en todas las regiones, Cataluña brilla con luz propia entre todas ellas. Saldar dicha deuda provocada por el entramado de empresas públicas en Cataluña le costaría a cada catalán 825 euros.
Entre estas empresas publicas encontramos por ejemplo a la Agencia Catalana del Agua (ACA), un monstruo que gestiona activos por valor de 1.964 millones, cuya deuda alcanzaba ya los 1.400 millones de euros.
Otra es la Televisión de Cataluña (TVC), que continúa siendo la autonómica más cara de España, como demuestran los 260 millones de recursos públicos destinados a la Corporación. TVC tiene en nómina a más de 1.800 trabajadores, una plantilla que es superior a la suma de los empleados contratados por las privadas Antena 3 y Telecinco. Ya en 2012 los gastos de personal ascendieron a 121 millones de euros, cuando la facturación apenas sobrepasó los 80 millones. En 2008 la televisión catalana ya generó una deuda de 1.046 millones de euros que fue saldada con una aportación extraordinaria de la Generalitat. Tras esa limpieza, la deuda actual alcanza los 19,2 millones de euros.
Por otro lado, Cataluña fue, junto a País Vasco y Andalucía, la única CCAA de España que decidió mantener sus embajadas y no integrarlas en la red del Estado, como le fue ofrecido por el Ministerio de Economía. Los «foreing affairs» del Ejecutivo de Mas se llevaron en 2012 26,9 millones de euros (35 en 2011). La política exterior de la Generalitat conlleva 35 oficinas comerciales en el exterior y los alquileres millonarios de las seis ‘embajadas’ en Berlín, Londres, París, Nueva York, Argentina y Bruselas.
Sólo en billetes de avión y entre julio de 2011 y 2012, la Generalitat se gastó casi dos millones de euros. El presupuesto, en esta misma partida, para el periodo 2013-2014 es de 3,8 millones. Además, el organismo que se encarga de articular la «acción exterior» del Gobierno autonómico catalán, Diplocat, verá incrementada su partida presupuestaria en un 77,6% hasta los 16,5 millones de euros según el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2014.
Cataluña también dispone de organismos que otras comunidades no tienen, como los consejos comarcales, una subdivisión territorial ideada con la finalidad de ejercer un contrapoder respecto a las diputaciones. Los 41 consejos comarcales que existen suponen un gasto de 556 millones de euros anuales. Estos entes sólo existen en esta comunidad autónoma, en Aragón y en Castilla-León.
El gasto del Gobierno en altos cargos y personal eventual en 2012 era de 35 millones de euros. Destacan los 6,7 millones que perciben los altos cargos del Parlamento autonómico. Presidencia de la Generalitat paga también 2,8 millones a altos cargos y 2,9 millones a personal de confianza.
Y por supuesto hemos de contar con el conjunto de subvenciones a la causa identitaria catalana. La Generalitat sigue manteniendo una generosísima política de subvención a los medios privados que la crisis no ha reducido sino que ha aumentado, alcanzando en 2012 los 9,4 millones.
La subvención a entidades dedicadas a propagar el nacionalismo suponen otro mordisco al presupuesto de la Generalitat (Omnium Cultural, 1,5 millones en los últimos ejercicios o Acció Cultural del País Valencià, que durante la última década ha recibido 20 millones de euros de Cataluña para promocionar el catalán en Valencia). Además, más de 30 millones de euros se han adjudicado a instituciones absurdas cuyo contenido está duplicado. Por ejemplo, la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas y el 'Sídic de Greuges', que es un innecesario defensor del pueblo catalán. En este concepto se incluyen la Comisión Jurídica Asesora, Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude y Consejo de Trabajo, Económico y Social.
El último estudio de la Comisión Europea sobre la corrupción política e institucional en los países de la UE-27, entre un total de 172 regiones europeas, revela que Cataluña es la región más corrupta de España y una de las peor gestionadas de toda la UE. Cataluña se sitúa en el puesto 130 de este ranking continental que mide la "calidad del Gobierno", a la altura de algunos de los territorios más corruptos y opacos de Europa, situados en Italia, Grecia y las repúblicas exsoviéticas.
En cuanto a países, España se sitúa en puesto 13 de la UE, según este mismo ranking, es decir, en la parte media de la tabla. El citado estudio, publicado en 2012, incluye datos referidos a 2009, pero uno de los principales autores del informe, Nicholas Charron, en plena elaboración del índice correspondiente a 2013, explica que los índices no mejoran. Cataluña cae del puesto 130 al 134 del ranking regional, mientras que España pasa del 13 al 14.
Aquella célebre acusación lanzada por Pasqual Maragall a Artur Mas en 2005 en el Parlamento catalán: "El problema de CiU se llama tres por ciento", hoy día se traduce en un buen número de escándalos que efectivamente apuntan a CIU como son el caso Palau y la presunta la trama de financiación irregular; el caso Pallerols, un asunto de corrupción ligado a la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña (UDC) que se remonta a 1994; o la trama de las ITV, que afecta de lleno al clan Pujol y por el que ha sido imputado Oriol Pujol, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña.
Como premio por esta eficaz gestión por parte de la Generalitat, el sueldo anual su presidente, Artur Mas, es el mayor de entre todos los presidentes autonómicos, 122.426 euros. Duplica al de Cantabria y casi al de Andalucía y Asturias. Le siguen el del lehendakari seguido de la presidencia de Madrid, todos ellos superiores al sueldo del presidente del gobierno y de la casa real.
Y este premio para los presidentes de la Generalitat es vitalicio. Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla (este último renunció a su sueldo) disponen de despacho sufragado por el erario público, y vitaliciamente. Sólo seis comunidades tratan así a sus ex mandatarios: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En los presupuestos del 2012 se consignaban para las asignaciones de ex presidentes de la Generalitat y del Parlamento 660.000 euros, a los que hay que añadir otra partida de 184.000 euros de gastos.
La mala y oportunista gestión de los recursos públicos por parte de la Generalitat es la explicación, y no expolios inventados, de acumular la mayor deuda autonómica de España y de haberse visto obligada a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) -5.023 millones en 2012 prestados por el Gobierno, y otros 9.073 solicitados para 2013.
El periódico ABC, publicaba en un titular de octubre de 2012, como la Generalitat podría haber ahorrado fácilmente en muchas de sus partidas de gasto relacionadas con el soberanismo, como así se había comprometido con el Gobierno central, para sin necesidad de hacer desaparecer este entramado, haber ahorrado 6.000 millones de euros que tuvo que pedir al FLA, evitando su rescate.
Cataluña en el 2012 acumulaba 50.948 millones de los 185.048 millones de deuda que acumulaban todas las administraciones autonómicas juntas. Un 27,5% de toda esta deuda, que implica el 17,6% del PIB español. Con diferencia la comunidad autónoma más endeudada de España.
Los recortes en Cataluña se han aplicado casi exclusivamente sobre servicios que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos catalanes, que de por sí ya son más reducidos en Cataluña que la media estatal (un 12,7% de PIB en 2008, cuando la media del resto del estado era de un 14,1% del PIB en el mismo año).
En el capítulo educativo, el gasto ha caído un 17% desde que Irene Rigau es consellera: de los 5.539 millones de euros presupuestados en 2010 a los 4.612 millones en 2012. El recorte se ha traducido en la reducción del número de profesores en escuelas e institutos (3.000 menos este curso) y en la universidad (cerca de 1.300 docentes menos), y una importante bajada del dinero invertido por alumno (de 4.190 euros en 2010 a 3.370 en el presente curso), debido a que, además, el numero de estudiantes ha aumentado.
La otra gran área del estado del Bienestar profundamente afectada por los recortes desde el 2010 es la sanidad. Durante los dos primeros años en el cargo del conseller Boi Ruiz, cuya designación desató la polémica pues su último cargo fue el de presidente de la patronal sanitaria privada, la Generalitat recortó 1.119 millones de euros, un 11% del presupuesto. Desde entonces se han ido cerrando centros de urgencias nocturnas, plantas y quirófanos en los hospitales públicos.
La única partida intocable, los intereses de la deuda, no ha dejado de crecer. La deuda de la Generalitat se sitúa actualmente en 50.948 millones de euros (cuando en el 2006 era de 14.800 millones). El pasado año, la Generalitat destinó casi 1.994 millones de euros a pagar intereses de la deuda. Este año, los intereses estarán por encima de los 2.200 millones.
Una eficaz gestión de las arcas públicas madrileñas ha permitido a esta CCAA, contando con un presupuesto mucho menor que el de Cataluña, aplicar los tributos más bajos de toda España. La presión fiscal en Madrid es del 9,9% del PIB regional, con respecto a Cataluña: el 17,6% de su PIB.
Al contrario, Cataluña tiene la mayor presión fiscal de España. Cataluña lidera la presión fiscal en el Impuesto de Patrimonio, su mínimo exento es de 500.000 euros, por los 700.000 del resto de España.El Govern de Artur Mas, tras su acuerdo con ERC, ha decidido recuperar el impuesto de Sucesiones, y lidera la presión sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, con el 1,5%. En los tributos propios, competencia exclusiva de las comunidades, vuelve a ser la primera. Hasta el 2,9% de sus ingresos provienen de estos tributos, casi un punto porcentual más que en el resto de comunidades.
Esta diferencia en la presión fiscal entre ambas comunidades esta conllevando la continua deslocalización de empresas que trasladan sus sedes desde Barcelona a Madrid, entre ellas las del hijo del expresident, Josep Pujol, que este año ha movido su empadronamiento a la capital para evitar sufrir el infierno fiscal de Cataluña.
Y mientras tanto, la partida de gasto identitario puede superar este año de 2013 la nada desdeñable cifra de 350 millones de euros.
En los presupuestos de 2014, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, anunciaba nuevas tasas e impuestos, e incluirán una partida de 15 millones para la consulta soberanista.
El conseller de Economía afirmaba en noviembre de 2013 que si Cataluña lograse la independencia, si bien no saldría de la crisis, podría bajar "un poco" los impuestos. Unos días mas tarde argumentaba que "Si no es en esta generación, en la siguiente Catalunya tendrá Estado propio".
Como explicaba el periodista catalán Francesc Moreno, presidente del Consejo Editorial de CRÓNICA GLOBAL, para que Cataluña pueda consumar el proceso de secesión necesita aún de “una larga etapa de crecimiento, reducción de su endeudamiento, disminución drástica de sus relaciones comerciales con el resto de España, desarrollar las estructuras de Estado, y last but no least, que desaparezca la generación mayor de 50 años que todavía tiene memoria y no ha sido educada en el odio a toda España (los de más de 50 fuimos educados en el odio de media España a la otra media)”.
http://www.cronicaglobal.com/es/notices ... a-2432.php
Sería entonces recomendable reclamar al prestigioso economista, el Sr. Mas-Colell, que si bien hemos de esperar a la siguiente generación para la secesión, se concentre ahora en subsanar la economía catalana para que ,al igual que ha hecho Madrid, con un presupuesto por habitante mucho menor que el de Cataluña, poder reducir impuestos que al menos mantengan el tejido industrial catalán.
Quizás sea esto mejor idea que malgastar sus escasos recursos en soberanismo para la “creación de un estado propio” que en el mejor de los casos será llevado por generaciones futuras.
Las balanzas fiscales han sido, casi desde el comienzo del período democrático, una de las obsesiones más recurrentes del nacionalismo catalán. CiU y ERC (con el acompañamiento en los últimos años del PSC) han asegurado por activa y por pasiva que España somete a un "expolio fiscal a Cataluña" y que la publicación de las balanzas fiscales es el primer paso para acabar con esta "injusticia" histórica. Por fin, este martes, el Congreso aprobó la iniciativa de ERC, con el apoyo del PSOE, CiU, IU e ICV, de publicar cada tres años estas balanzas. Sólo UPyD votó en contra, mientras que el PP se abstuvo.
Siempre hemos cuestionado el actual esquema de financiación autonómica, que permite a las regiones endeudarse y poner en peligro, incluso, las cuentas del Estado. Sin embargo, no es ésta la argumentación que se emplea desde el nacionalismo catalán. De lo que se habla es de una distribución injusta de los gastos del Gobierno central. Pero los mismos argumentos servirían para decir que la Generalidad está robando a Barcelona para beneficiar a Gerona, Tarragona o Lérida.
Sin embargo, la obsesión nacionalista sólo mira a Madrid, olvidándose de lo que tienen más cerca. ¿Por qué lo diputados por Barcelona en el Parlamento catalán no protestan? ¿Tienen algo que decir Xavier Trías o Jordi Hereu, candidatos a alcalde de Barcelona? O es que tras la pantalla de las balanzas sólo se esconde la intención de sembrar la discordia en el conjunto del país y la búsqueda de beneficios políticos; y no una preocupación verdadera por los contribuyentes catalanes.
Una cuestión estadística
El estudio más conocido y exhaustivo publicado hasta ahora sobre balanzas fiscales lo publicó el BBVA a finales de 2007. Los autores, profesores universitarios, hicieron un buen trabajo, recopilando los impuestos pagados en cada territorio y comparándolos con los gastos del Estado. Es una cuestión estadística que puede ayudar a la hora de tomar decisiones técnicas, De hecho, los resultados son bastante lógicos: las regiones más densamente pobladas y más ricas –Madrid, Cataluña y Baleares- aportarían más que lo que reciben y en las más despobladas y más pobres –Extremadura, Asturias, las dos Castillas- pasaría lo contrario. Es algo habitual en prácticamente todos los países del mundo.
Sin embargo, los nacionalistas lo han cogido como uno de los argumentos clave de su programa político. Es una cuestión fácil de vender –"España nos roba"-, a un electorado que ve que Cataluña, la región más rica del país hace unas décadas, pierde peso relativo en relación a otras comunidades como Madrid. Además, de esta manera, la culpa de la decadencia catalana no sería de Jordi Pujol, Pascual Maragall o José Montilla, sino de los malvados políticos centralistas que chupan la sangre a sus sufridos contribuyentes.
1. Un debate falso: ¿Por qué España sí y Cataluña no?
La primera pregunta es sencilla. Tras tantos años de empeño, siendo las balanzas fiscales un tema clave en los programas de los principales partidos catalanes y ya que su publicación supondría "acabar con la opacidad" y tendría un "carácter pedagógico innegable", ¿por qué no hacen lo mismo allí donde pueden hacerlo?
En el Parlamento catalán, CiU, PSC y ERC tienen una comodísima mayoría absoluta. Podrían publicar mañana mismo las balanzas fiscales de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida. Así, sería fácil comprobar si las provincias menos pobladas están aprovechándose fiscalmente de Barcelona. Es casi seguro que en esta provincia se generan alrededor del 90% de los impuestos que cobra la Generalidad. Sin embargo, esta administración no se gasta ese porcentaje en este territorio. Sería un "expolio" fiscal de manual, ¿por qué no lo denuncian estos partidos, tan preocupados por el dinero de sus contribuyentes?
2. Las montañas no pagan, lo hacen los ciudadanos
Cuando Joan Ridao o Josep Antoni Duran i Lleida aseguran que Cataluña da mucho más de lo que recibe, se olvidan de una cuestión básica: las regiones no pagan, lo hacen sus ciudadanos. Ni Monterrat, ni el río Ter, ni siquiera el delta del Ebro pagan un duro, lo hacen los individuos que allí viven. En este sentido, el Estado cobra lo mismo a un catalán que gane 100.000 euros que a un extremeño. Quizás haya más catalanes adinerados (como madrileños), pero eso es lo máximo que se puede decir. Luego, será cuestión de analizar si el actual sistema tributario es justo o injusto, pero el que paga es el contribuyente, no el solar sobre el que vive.
Por eso, la tabla 1 muestra que catalanes y madrileños han sido los que más han pagado entre 1991 y 2005 a la Administración Pública Central (APC), lo que corresponde con su alto nivel de renta per cápita.

3. De Castilla a Lérida
Como decíamos antes, los resultados del estudio del BBVA son bastante lógicos. Los ciudadanos de Cataluña, Madrid y Baleares pagan más de lo que el Estado se gasta en sus provincias. Las dos Castillas o Extremadura están en el lugar opuesto.
Tanto Barcelona como Madrid son territorios muy ricos en términos de renta per cápita, tienen mucha industria y están muy poblados. Esto implica tres cosas: por un lado, sus habitantes pagan altos tipos de IRPF; por otro lado, hay muchas compañías que tienen allí su sede social (pagan el IVA que cobran en todo el territorio); por último, se benefician de los costes de escala asociados a la acumulación de población.
Esto último quiere decir que es más barato suministrar un servicio a un barrio de Madrid de 100.000 habitantes, que a 100 pueblos de Castilla de 1.000 vecinos. Con una sola tubería, una carretera o una vía de tren se puede cubrir Chamartín, pero no se llega a varias comarcas diseminadas. Hacer una carretera hasta una localidad de 5.000 habitantes cuesta lo mismo por kilómetro que hacerla en la capital de España. Pero la división gasto/vecinos beneficiados, dará un resultado mucho más alto en el primer caso. Lo mismo ocurre en Lérida o Tarragona: ¿están abogando CiU o ERC por dejar sin servicios públicos estas provincias porque aportan menos a la caja común que Barcelona?
En el gráfico 2 puede verse que el gasto per cápita de la Administración Central ha sido bastante homogéneo entre todas las regiones (sólo sobresale algo Asturias, seguramente por su alto porcentaje de población de avanzada edad).

4. Empresas, ¿dónde venden-dónde pagan?
En relación con los dos apartados anteriores, está el tema de las empresas. Las compañías pagan impuestos allí donde están radicadas sus sedes centrales, pero generan su actividad allí donde están sus clientes. De esta manera, una compañía con sede en Madrid o Barcelona que venda el 80% de su producción en el resto de España, aparece como contribuyente en su ciudad de origen, y genera en este territorio unos grandes ingresos a Hacienda, aunque tenga otras sedes y sus trabajadores estén desperdigados por varias provincias. Esto distorsiona aún más el cálculo de estas balanzas. Evidentemente, como se explicaba en el apartado anterior, este ejemplo es también bastante común.
5. ¿Más dinero para Pedralbes y menos para el Raval?
De hecho, llevando al límite la argumentación de Ridao o Duran o Lleida, no deberíamos quedarnos en hacer la balanza fiscal de Cataluña respecto a España, ni la de Barcelona respecto a Cataluña. Los habitantes del barrio de Pedralbes pagan mucho más, desde hace muchas décadas, que los del Raval. Según este criterio, es otro expolio fiscal bastante claro, ¿significa eso que hay que tratar peor a los vecinos del Raval que a los primeros? ¿Hay que cerrar las escuelas públicas de los barrios desfavorecidos porque cuestan más de lo que tributan sus habitantes? ¿Es esto lo que quiere ERC?
En el gráfico 3, puede verse el resultado lógico de los dos anteriores. Si los ciudadanos de algunas regiones han pagado más (en razón de sus ingresos) y el gasto per cápita ha sido similar, estas regiones tienen balanzas fiscales negativas.

6. Un instrumento insuficiente: un resultado nada fiable
Pero quizás el principal argumento contra las balanzas fiscales es que, se hagan como se hagan, sus resultados no son fiables. El estudio del BBVA presenta una metodología bastante correcta (enfoque carga-beneficio) y es un intento apreciable. Pero desde el día de su publicación ha sido criticado porque hay otras posibilidades.
Por ejemplo, ¿cómo se mide el impacto de la obra del AVE Madrid-Barcelona? El mayor gasto se ha hecho en Guadalajara o Zaragoza, provincias por donde pasa el tren. Pero quizás el beneficio se lo llevan fundamentalmente las dos grandes capitales. Y la autovía entre Madrid y La Coruña, ¿en cuánto beneficia el gasto del Ministerio de Fomento a las ciudades intermedias? ¿Cuánto se imputa a Madrid, a La Coruña, a Valladolid? ¿Y a Salamanca, ciudad que está a unos 50 kilómetros de esta carretera?
Nada de esto se puede explicar por las balanzas fiscales que, para empezar, ni siquiera son balanzas porque no miden elementos equiparables, aunque ese nombre tenga mucho eco en el discurso nacionalista: remite a la igualdad, a la imagen de la justicia, etc.
Como argumentaba ya en 2004 Alberto Recarte, "España es una nación desde hace mucho siglos y las decisiones políticas, con repercusiones económicas y fiscales, se han tomado por los sucesivos gobiernos nacionales con criterios nacionales, aun a sabiendas de que en algunas ocasiones se estaba beneficiando a algunas regiones sobre otras pero, siempre –esperemos que haya sido así– sobre la base de los intereses generales a largo plazo".
7. Una imagen que lo resume casi todo
De hecho, el estudio del BBVA muestra que existe una correlación negativa que se corresponde con la lógica del sistema (pagan más los que más tienen): otra cosa es que no guste el actual modelo impositivo (hay muchos argumentos para considerar que es injusto). Pero esto no tiene nada que ver con envolverse en una bandera para defender los supuestos intereses de una región.
Según puede verse en el gráfico 4, las regiones más ricas reciben menos y las más pobres, al contrario. Se podría trazar una línea casi recta entre el cuadrante I y el III del gráfico sin que ninguna región se alejase mucho. Sólo País Vasco y Navarra, por la especial naturaleza de su régimen foral, escapan a esta tendencia.